La justicia española declaró nulas no todas, algunas clausulas suelo de los contratos hipotecarios, las que “no ofrecen transparencia”, según reza la sentencia del Tribunal Supremo. A partir de ahí se planteó la devolución de las cantidades indebidamente cobradas. De momento, sólo se han hecho efectivas las que median desde el 9 de mayo de 2013, la fecha en que se emitió dicha sentencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá, el próximo 21 de diciembre, si esta retroactividad debe ser desde la firma del contrato hipotecario. El Abogado General del TJUE, una figura determinante a la hora de que los jueces emitan dictamen, se mostró contrario con un argumento poco judicial: la devolución de las cantidades a miles de titulares de las hipotecas en España puede suponer la quiebra del sistema bancario y, por lo tanto, la necesidad de un rescate. Y es que, efectivamente, está en juego mucho dinero.
Se manejan cifras que oscilan entre los diez mil y los treinta mil millones de euros. Hay que tener en cuenta que no en toda la vida del préstamo, el tipo de interés ha estado por debajo del límite estipulado en la escritura. Fue en los comienzos de la crisis económica cuando el euríbor cayó por debajo de los niveles generalmente pactados (una media del 3%, según fuentes bancarias) hasta llegar a ser negativo actualmente.
El Abogado General, cuyo dictamen no es vinculante a la hora de que el TJUE elabore su sentencia, limitó la retroactividad de las cláusulas suelo y, por tanto, se posicionó a favor de la banca. Comparte la tesis del Supremo de que abonar todo este dinero supondría un “trastorno económico” para las entidades financieras, y tendría un impacto muy negativo en la solvencia del sector bancario, forzando un nuevo rescate con dinero público.
Además, el informe del Abogado General contrasta con los emitidos por la Comisión Europea de octubre de 2015. En estos dictámenes, elaborados a petición del TJUE por lo que serán tenidos en cuenta por los jueces, se defiende la retroactividad total de las cláusulas suelo declaradas nulas en sentencia judicial si hubo mala praxis en su comercialización.
Por su parte, las organizaciones de consumidores esperan que los jueces dejen de lado los argumentos políticos y económicos y se limiten a aplicar la ley, la cual establece que la nulidad de una cláusula suelo implica dejar sin efectos la misma como si nunca hubiera existido, lo que “supondría restituir las prestaciones al momento inicial”.
CINTAS & ASOCIADOS ABOGADOS
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