El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 25 de mayo la especialización de 54 juzgados en toda España para las reclamaciones contra los bancos en asuntos de cláusulas suelo. Estos organismos uniprovinciales empezaron a funcionar hace más de un mes y tras estos primeros días de trabajo, las cifras parecen estar dando la razón a la abogacía y a los sindicatos, que alertaron desde el principio de que pronto se verían colapsos por el número de demandas.
En la primera semana de funcionamiento, las cifras recogidas por el CGPJ indicaban que estos juzgados especializados habían registrado 1.986 demandas presentadas de forma electrónica a través de LexNet, sistema implantado en todas las comunidades autónomas salvo en Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco.
Ahora, aunque las cifras pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente consultada, el Poder Judicial apunta en un informe que el número de demandas presentadas durante el mes de junio fue de 15.801. Entre los juzgados únicos uniprovinciales, el que más volumen de trabajo acumuló fue el de Madrid, que recibió 2.803 demandas, seguido por el de Barcelona (1.033) y el de Valencia, con 834. En otras provincias como Jaén, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Vizcaya se han registrado entradas de más de 500 demandas. Por comunidades autónomas, la más solicitada fue Andalucía, seguida por Madrid y Castilla y León.
Los jueces especializadas en cláusulas suelo de Cádiz, Granada, Almería, Córdoba y Sevilla han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar de la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de aglutinar en un único juzgado por provincia todas las demandas sobre este asunto. Las recurrentes alegan que la medida, que entró en vigor el 1 de junio, supone volver a un sistema de ineficacia demostrada, después del “colapso” que supuso la atribución de esta materia a los juzgados de lo Mercantil de cada provincia. Esto provocó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2015, que obligó a distribuir los casos de las cláusulas abusivas entre los juzgados de Primera Instancia de cada provincia.
Los magistrados consideran que el acuerdo del CGPJ es nulo de pleno derecho porque se empezó aplicar de forma precipitada y sin jueces adscritos a los juzgados especializados, sin funcionarios y sin medios materiales, a excepción de algunos juzgados de las principales ciudades de España. Ello ha supuesto un incremento desmesurado de la carga de trabajo, ya que las demandas que antes se repartían entre todos los juzgados de Primera Instancia, se derivan ahora al único juzgado especializado de la capital de la provincia, lo que avocará sin lugar a dudas a su colapso.
La concentración de los casos provocará una dilación irremediable en la resolución de los asuntos, pues si antes de este acuerdo se obtenía una pronta respuesta judicial, como media en unos ocho meses, ahora la demora será, como mínimo, unos tres años para obtener una sentencia en primera instancia.
El número de demandas repartidas solamente en el mes de junio desde que entró en vigor el acuerdo asciende a una media de 300, aunque algunos juzgados lo sobrepasan holgadamente, como en Sevilla (800) o Granada (400). Estas cifras implican que en un año se acumularán unas 4.000 demandas como mínimo en cada uno de los juzgados, y así sucesivamente.
Además, las jueces esgrimen que el acuerdo del CGPJ infringe el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por no contener motivación alguna de la excepcionalidad de la medida y adoptarse de forma generalizada especializando a un juzgado por provincia, sin tener en cuenta sus circunstancias concretas. No tiene el mismo número de asuntos de esta materia el juzgado especializado en Teruel que el de Sevilla, sostienen los magistrados.
CINTAS & ASOCIADOS ABOGADOS
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